Mujeres trans en Colombia: la violencia no da tregua durante la pandemia

Texto de Olga L González

En Colombia, las mujeres trans de sectores populares acumulan una serie de vulnerabilidades, entre las cuales figuran: la estigmatización y rechazo del círculo familiar; el bajo nivel de educación (producto, en muchas ocasiones, de la expulsión o fuga del domicilio familiar); la violencia, como resultado de la vida en la calle; las dificultades económicas y ligado a ello, los abusos y coacciones; la gran precariedad en la vivienda; la difícil inserción laboral y la asignación casi sistemática a ciertos oficios (peluquería, prostitución); las dificultades propias al trabajo sexual o prostitución (violencias de los clientes, de la policía, “limpieza social”, estigmatización); las dependencias al alcohol o a las drogas; la soledad, sobre todo a medida que se envejece; los problemas de salud, por ejemplo los que se derivan de las operaciones e intervenciones corporales artesanales; la precariedad económica, las dificultades de salud, la alta prevalencia de VIH, los problemas administrativos (sexo y nombre y situación de regularidad) según los países. De hecho, la Corte Constitucional colombiana ha establecido disposiciones específicas de protección para las personas LGBT que debido a su situación de vulnerabilidad lo necesiten, previo examen por parte del juez.

Al igual que la mayor de la población, las mujeres trans han sufrido en este período de pandemia debido a los problemas económicos (en particular el empobrecimiento y la mayor precariedad), las carencias psico-afectivas, la acentuación de los problemas de salud mental y física, la incertidumbre sobre el futuro. Como la mayoría de los países de América latina, Colombia ha tenido un mal manejo de la pandemia. Pese a medidas prolongadas de confinamiento (cinco meses), no se ha frenó el contagio. En febrero de 2021 había más de 55 mil muertos. En 2021, las perspectivas de vacunación eran inciertas. Una parte de esta incertidumbre se debe a las malas negociaciones por parte del gobierno colombiano; otra parte tiene que ver con la situación estructural de dificultad de acceso a las vacunas, por demoras en la producción, acaparamiento por parte de los países ricos, etc.

Grafismo de @nefazta666, publicado originalmente por “Cartel Urbano” en: https://cartelurbano.com/causas/con-el-pico-y-genero-la-violencia-policial-y-la-discriminacion-provocan-mas-miedo-que-la

La muerte por Covid se agrega a otras muertes que se producen en este país a diario. La situación es, en efecto, muy convulsionada, pues hay en Colombia homicidios casi cotidianos de líderes sociales y ambientalistas, violencia homicida delincuencial, crímenes violentos de la mafia, masacres. La violencia ha sido, de hecho, un factor profundamente desestructurador. Sin embargo, esta configuración suele ser tratada bajo un enfoque puramente emocional por los medios de comunicación. Todo esto contribuye a cierta forma de banalización de la muerte. En esta nota me quiero concentrar en algunos casos de muertes sucedidas en meses recientes, muertes de mujeres trans. No se trata propiamente de un ejercicio de memoria (muy posiblemente, redes locales están haciendo este importante trabajo). Acá intento, más bien, mostrar qué nos dicen de la sociedad colombiana en esta dura época de pandemia estas muertes  de mujeres trans en Colombia:.

El primer caso es el de Alejandra Monocuco, que murió a finales de mayo en Bogotá. Esta muerte generó una ola de indignación, ya que se acusó al sistema de salud de la ciudad de no haber atendido a tiempo la llamada de socorro de quienes rodeaban a Alejandra. Este caso ejemplifica las dificultades de muchos colombianos para acceder a la salud. El sistema de salud colombiano es no es un sistema universal y gratuito; la administración de la salud ha sido privatizada, si bien se considera que es un bien público. En realidad, el acceso a la salud no es expedito y fácil: se enmarca en una burocracia que responde a criterios que sería imposible presentar en detalle aquí pero que resumiré diciendo que depende del tipo de aseguradora que se tenga, el cual depende de la inversión que se ha hecho al momento de inscribirse, lo cual a su vez depende de si se trabaja en el sistema formal o no, así como del nivel de ingresos. También depende de la suerte que se tenga, pues el sistema reposa parcialmente en decisiones tomadas por individuos con amplias prerrogativas (por ejemplo los gerentes de cada centro administrador). En suma, las empresas que administran la salud tienen criterios de tipo gerencial, y buscan ganancias, y por lo tanto obstaculizan o frenan muy a menudo el acceso a la salud de sus cotizantes. Recordemos que en Colombia, cada año, 200 mil personas deben interponer una “acción de tutela”, es decir un recurso ante un juez, para obtener acceso a la salud (ya sea la realización de un examen, o de un tratamiento médico, o la obtención de un medicamento…). Así, la muerte de Alejandra Monocuco se puede leer como una expresión de estas dificultades con el sistema de salud.

El segundo caso es el de Juliana Giraldo, que también se hizo famoso en Colombia. A finales de septiembre de 2020, una patrulla del ejército que realizaba un control de vías le disparó a un auto que no se había detenido. Como resultado, murió la persona que iba en la posición de copiloto, una mujer trans. Este hecho se inscribe en el triste record de las fuerzas policiales y del ejército colombiano, que son grandes violadores de derechos humanos (según la ONG colombiana Temblores, entre 2017 y 2019 hubo 637 homicidios cometidos por la policía). En septiembre de 2020, a pocos días de levantado el largo confinamiento, se produjeron una serie de graves abusos policiales que se tradujeron en protestas callejeras y la muerte de por lo menos 13 personas en dos noches de protesta en Bogotá. Así, el crimen de Juliana Giraldo sucedió durante un mes particularmente marcado por este tipo de violencia institucional.

El tercer caso es el de los homicidios (uso la palabra en el sentido en que se usa en criminalística, es decir muerte intencional a un ser humano indistintamente de su sexo). Estos hechos son, por desgracia, frecuentes en Colombia:  en 2019, se produjeron cerca de 13 mil homicidios, es decir 35 homicidios al día, o una tasa de 27 por cien mil habitantes (a manera de comparación, la tasa de homicidios en Ecuador ese mismo año fue de 6, y la de España fue inferior a 1).

En este contexto de gran violencia, ocurren también homicidios sobre personas transgénero. La organización Colombia Diversa, especializada en hacerle seguimiento a los temas LGBT, afirma que en cada año se cometen unos 110 homicidios sobre personas LGBT, de las cuales una mayoría son mujeres trans.

Es necesario precisar que no siempre se registra la orientación sexual de las victimas, ni su identificación de género. Por lo tanto, es muy probable que estas cifras estén subestimadas.

Como un hecho notable, es importante destacar que los homicidios sobre mujeres trans pueden ser tipificados como “feminicidios”. Esto implica un tratamiento legal específico, y unas penas que tienen agravantes. A finales de 2018 se juzgó un crimen de este tipo como “feminicidio”, por primera vez en Colombia.

Ahora bien, los feminicidios registrados como tales, es decir acorde con las definiciones dadas por la ley (pues no todos los homicidios de mujeres entran a ser calificados como “feminicidio”), afectan mayoritariamente a las mujeres. De hecho, los feminicidios son una de las graves manifestaciones de violencia contra las mujeres en Colombia. En el año 2020, el Observatorio de los Feminicidios habían contabilizado 630 feminicidios, es su gran mayoría por parejas o ex parejas. Y esto resulta tanto más paradójico cuanto muchas ONG coinciden en señalar que la violencia contra las mujeres aumentó durante la pandemia en este país, siendo que los homicidios en general bajaron: para muchas mujeres, vivir el confinamiento significó prolongar la convivencia en el tiempo y en el espacio con sus principales agresores, sus cónyuges.  

Las mujeres trans también padecieron la violencia física durante la pandemia. Las organizaciones de derechos humanos hablan de 32 mujeres trans asesinadas en 2020. Quiero referirme acá al crimen de dos mujeres trans ocurridos durante la pandemia. Son estos el de Samantha, a quien le dispararon a principios de enero de 2021 en la ciudad de Mariquita, y el de Verónica Solano, que fue asesinada en Bogotá a finales de enero de 2021. Estos crímenes se enmarcan en este contexto de violencia instrumental propio de Colombia, donde la violencia física o el asesinato son un recurso, entre otros, para arreglar un problema.

Así, tres problemas estructurales en Colombia, a saber las trabas en el acceso a la salud, los frecuentes abusos policiales y el recurso a la violencia física para resolver pleitos, causaron víctimas entre las mujeres trans. Estas violencias se ejercen especialmente sobre sujetos que por sus condiciones de clase, color de piel, sexo u orientación sexual, se sitúan en la parte más baja de la jerarquía social. Las mujeres trans de las que he detallado la muerte durante esta pandemia responden a varios de estos criterios.

No quiero terminar esta nota sin mencionar a Laura Weinstein, activista, directora de la fundacion GAAT (Fundación Grupo de Acción y Apoyo Trans), que también murió durante la pandemia después de haberse infectado de Covid.


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